miércoles, 25 de mayo de 2011

Cumple Fondo María dos años de ayudar a mujeres a decidir sobre su cuerpo

- Acompaña a mujeres en proceso de interrumpir su embarazo 



Adriana Tapia

México DF, mayo 25 de 2011.
Dar apoyo financiero a mujeres que no cuentan con suficientes recursos para acceder interrumpir legalmente su embarazo es el objetivo principal del Fondo de Aborto para la Justicia Social María, área de trabajo de la organización civil Balance y Promoción para el Desarrollo y Juventud, enfocada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas.

Al respecto, Oriana López Uribe, coordinadora de proyectos de la agrupación, mencionó en entrevista que Fondo María acerca a las mujeres de los estados que no cuentan con los recursos para poder tener acceso a una interrupción del embarazo segura y legal en el Distrito Federal.

Para López Uribe, esta ayuda es de suma importancia debido a que “existen casos en que vienen mujeres de otros estados como Mérida, Baja California y Nuevo León, y son mal informadas al llegar a los centros de salud federales. Las traen de un lado para otro, y se les va acaba el dinero. Hemos tenido casos de mujeres que no han comido desde hace días, o duermen en la calle, nosotros queremos prevenir esas situaciones”.

Así, el Fondo de Aborto para la Justicia Social María, se estableció en la Ciudad de México, como integrante de la Red Nacional de Fondos de Aborto de Estados Unidos (NNAF), en mayo de 2009, en claro compromiso con el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo, sin importar que sean mexicanas o extranjeras.

De esta manera, explicó la activista, el Fondo ayuda de distintas maneras a estas mujeres que deciden interrumpir su embarazo pero las condiciones legales de su entidad las podrían llevar a la cárcel en caso de así decidirlo, por tanto, se proporciona en algunos casos transporte de su lugar de origen al DF, hospedaje, cita en el servicio de interrupción legal del embarazo, pago total o parcial del procedimiento, acompañamiento, consejería y materiales informativos.

Sobre el acompañamiento, la coordinadora de proyectos, explicó que se realiza de dos maneras, una es de forma directa y total, mediante el acompañamiento de una persona desde que llega la interesada hasta que se va, o de manera parcial, con el acompañamiento sólo en una parte del proceso.

En torno a los gastos, López Hernández comentó que depende del tipo de apoyo que soliciten las mujeres, es la cantidad de recursos que se gasta en ellas, ya que el Fondo, puede absorber el costo de la llamada o la vacuna en caso de que la mujer sea RH negativa, hasta el viaje.

A su vez, la activista, explicó que se pide alguna cooperación a las mujeres que han recurrido al Fondo con la finalidad de que este siga vivo y apoye a otras mujeres, o en caso de ser necesario, a las mismas.

Al respecto señaló que no hay ningún problema en volver a acompañar a una mujer por que “la intención del acompañamiento es fortalecer las decisiones que toman las mujeres y acompañarlas y respetarla en sus decisiones para brindarles toda la información que requieran, sin hacer ningún juicio, lo único que hacemos es agregarlo a su expediente”.

En torno al futuro del Fondo, López comentó que su fin último como organización, es que todas las mujeres tengan acceso al aborto legal en sus entidades, ya que, “en las evaluaciones que se han hecho con las usuarias, ellas indican estar agradecidas de poder hablar del tema abiertamente con alguien que respeta su decisión y no está pone un juicio a su decisión, sino que les da todas las herramientas para que ellas tomen la decisión más adecuada y fortalezcan las redes solidarias entre mujeres enfocadas a garantizar el derecho de las mujeres al aborto legal”.

Para solicitar información al respecto, el Fondo pone a disposición el correo electrónico maria.balance@gmail.com

jueves, 5 de mayo de 2011

Liberan en BC a joven acusada de “homicidio agravado por parentesco”

  -- Después de 3 años en prisión reconocen su inocencia

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 5 may 11 (CIMAC).- A escasos días de cumplir 3 años en prisión, la mujer condenada a 23 años de cárcel acusada de homicidio agravado por parentesco en Baja California, tras sufrir un aborto espontáneo, saldrá libre este día al ser encontrada inocente.

Lo anterior lo informaron feministas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a través de sus redes sociales, en las que manifestaron que este día la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, reconoció la inocencia de la mujer de 22 años de edad, luego de revisar la apelación hecha por el abogado Arnoldo Castilla y tras la comunicación de Amnistía Internacional.

En un video del caso, difundido por la redes feministas, el abogado defensor Arnoldo Castilla denuncia una serie de irregularidades en el caso como no haber tomado en cuenta las pruebas ofrecidas por la defensa- violentando el Artículo 16 de la Constitución referente al principio de legalidad y al debido proceso- se infringió la presunción de inocencia, entre otras.

El abogado detalló que lo más preocupante en la sentencia es que no se comprobó el dolo, es decir, la intención de matar no está probada en ningún momento en el expediente, sin embargo la sentenciaron culpable.

El 20 de enero de 2011, la mujer fue declarada culpable de homicidio agravado por parentesco, luego de que el 17 de mayo de 2008, a los 19 años de edad, tuvo un sangrado que provocó la expulsión espontánea del producto en gestación.

Sus familiares la llevaron al Hospital General de Mexicali para que la atendieran, donde fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del estado por el personal de salud del nosocomio.

Las organizaciones informan que el pasado 3 de mayo la mujer cumplió 22 años de edad y el 17 mayo cumpliría 3 años en prisión en el Centro de Readaptación Social de Mexicali, Baja California.

Cabe recordar que en la entidad aún se encuentran presas 23 mujeres más por motivos similares.

En el penal de Mexicali donde permanece la joven hasta esta tarde, se encuentran presas 8 mujeres: cinco en espera de sentencia y tres sentenciadas por el delito de homicidio en grado de parentesco.

De igual forma, en el Cereso de Tijuana hay 11 mujeres presas, de las cuales, tres esperan sentencia y ocho ya fueron sentenciadas. En el reclusorio de Ensenada hay cuatro mujeres en la misma situación de reclusión: tres ya recibieron sentencia y una se encuentra en espera del veredicto, según información de la Red Iberoamericana de Derechos Humanos.

El 26 de diciembre de 2008 se aprobó la reforma a la Constitución del estado de Baja California, que protege la vida “desde el momento de la concepción”, lo que a decir de las OSC ha dado pie a las autoridades misóginas para encarcelar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo, ejercer el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a sus derechos sexuales y reproductivos.

En Baja California, el aborto está permitido en el Código Penal por tres causales: en caso de violación (hasta los 90 días de gestación) y que el hecho haya sido denunciado; aborto accidental y si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre.

11/GTR/LGL

martes, 3 de mayo de 2011

Marta Lamas - ILE: las cifras relevantes

  Proceso

www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/90768

MÉXICO, D.F., 29 de abril.- Hace cuatro años, el 24 de abril de 2007, el pleno de la ALDF aprobó la interrupción legal del embarazo (ILE) por mayoría de 46 votos a favor (PRD, PT, Convergencia, Alternativa, PRI y Panal), 19 en contra (PAN y PVEM) y una abstención (PRI). La ley fue publicada el 26 de abril en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y entró en vigor al día siguiente. La Secretaría de Salud del Gobierno del DF acaba de dar a conocer las cifras acumuladas hasta el 18 de abril de este año: 92 mil 251 peticiones de información, 73 mil 890 solicitudes de procedimiento y 57 mil 624 ILE realizadas. 

Esto significa que 18 mil 361 mujeres únicamente pidieron información, y que de las que solicitaron el procedimiento 16 mil 266 se desistieron. ¿Por qué? Porque algunas cambiaron de opinión y decidieron continuar el embarazo, porque otras tenían más de las 12 semanas y fueron rechazadas, y porque algunas, al ser menores de edad, no consiguieron el permiso de sus progenitores. Hay que considerar que de las 57 mil 624 mujeres que han abortado de manera legal en las clínicas del GDF las menores de edad ascienden a 3 mil 269.

Los datos actuales hablan de que 80% de las mujeres llegan a solicitar la ILE antes de las ocho semanas de gestación; 18%, entre la novena y la undécima semana, y 2%, a las 12 semanas permitidas. El que lo hagan tan temprano ha permitido que 53% de los abortos se realicen con un método no invasivo: las pastillas de Misoprostol. A las usuarias les explican en qué consiste el aborto con medicamento, les dan instrucciones por escrito, y ellas se van a hacerlo a sus casas. Días después, regresan a una revisión con ultrasonido.

A los hospitales y clínicas del DF llegan mujeres de todas las edades, pero una mayoría (el 69.7%) son jóvenes menores de 30 años: el 47.7% tienen entre 18 y 24 años, mientras que 22% han cumplido entre 25 y 29 años. Se trata, también en su mayoría (68.7%), de mujeres con un nivel de educación de segundo ciclo: 38.7 con preparatoria y 30% con secundaria. Y no solamente llegan las que residen en el DF: el número de foráneas va en aumento: 12 mil 793 vienen del Estado de México y mil 817 han llegado de todos los estados del país. O sea, del total de 57 mil 624, las foráneas representan 25% de los casos; 20% viene del Estado de México, y el 5% restante, de las demás entidades federativas.

¡Qué bueno que todas las mexicanas puedan venir al DF a remediar un embarazo no deseado! Así se abate en parte la tremenda desigualdad que significa que en el resto del país no esté despenalizado el aborto. En la Ciudad de México pueden encontrar, junto a los servicios gratuitos y de pago diferenciado de los hospitales y clínicas del GDF, también los de las clínicas privadas, que hacen negocio. Por eso Balance, un grupo de jóvenes, ha establecido el Fondo María, que da apoyo financiero y emocional a las foráneas. Para conectarlas, basta buscar en internet María. Fondo de aborto para la justicia social, escribirles un correo a : maria.balance@gmail.com o hablar al 01- 800-8327-311. La solidaridad de estas chicas está dando frutos, y va creciendo la red de apoyo a quienes requieren venir al DF. Además, las mujeres que vienen de fuera, al regresar a sus localidades, transmiten la experiencia positiva del servicio de ILE del GDF. ¿Cuánto tardarán en surgir exigencias ciudadanas de servicios similares en otras partes de México?

Tal vez la exigencia debería empezar en el propio DF, donde las autoridades federales de salud impiden que otros hospitales y clínicas que dependen de ellas, como el Hospital de la Mujer y las clínicas del IMSS, realicen la ILE, aunque es su obligación por ley hacerlo. Ojalá que alguna derechohabiente del IMSS inicie una demanda por incumplimiento de la ley cuando el IMSS le niegue el servicio de ILE. Mientras tanto, crece de boca en boca la noticia de que en esta ciudad se respeta la decisión de las mujeres acerca de proseguir o no un embarazo. Basta ver la actitud asertiva con la que muchas usuarias exigen ya el servicio de ILE para darse cuenta de que hay un proceso de desculpabilización en curso.

Y como la Secretaría de Salud del GDF ha abierto sus puertas a investigadores nacionales y extranjeros, después de cuatro años se dispone de una información privilegiada. El modelo de atención es valorado como uno de los mejores del continente, y la National Abortion Federation (NAF) de Estados Unidos ha señalado que los servicios públicos tienen mejor nivel de calidad en comparación con las clínicas privadas. Un estudio de la Universidad de San Francisco reporta que 88% de las mujeres están muy satisfechas con el servicio público. Y los estudios aclaran cuestiones que no se sabían, como por ejemplo que, aun cuando a todas las mujeres se les ofrece la posibilidad de dar en adopción, hasta el momento no se ha registrado ningún caso que contemple siquiera la adopción como una posibilidad.

Finalmente, por el uso del ultrasonido para medir las semanas de gestación, se han detectado decenas de embarazos ectópicos (en las trompas de Falopio), lo que ha evitado graves problemas, incluso muertes maternas. Y eso, junto con el descenso brutal de las muertes provocadas por infecciones post-abortos ilegales, es el resultado más importante en estos cuatro años de la despenalización.

miércoles, 6 de abril de 2011

Boletín Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE

Sobre el pronunciamiento de la CIDH al conocer el impacto de la penalización de la interrupción del embarazo en los derechos humanos de las mujeres

México, 4 de abril de 2011

BOLETÍN DE PRENSA

CIDH: los Estados deben eliminar las barreras en el acceso a servicios de salud reproductiva

· CIDH hace pronunciamiento histórico al conocer el impacto de la penalización de la interrupción del embarazo en los derechos humanos de las mujeres

En su comunicado de prensa de final de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que los Estados deberían eliminar la sanción penal para el acceso a los servicios de salud materna, incluido la interrupción del embarazo. De tal manera que se garanticen su derecho a la salud.

Este pronunciamiento se generó luego de la audiencia sobre los Derechos Reproductivos de las Mujeres, celebrada el 28 de marzo, en la cual la CIDH recibió información de parte de organizaciones de 12 países de la región acerca de los graves obstáculos que enfrentan las mujeres de Latinoamérica y el Caribe en el ejercicio efectivo y pleno de sus derechos reproductivos.

En la audiencia, de la que participó GIRE activamente, la CIDH recibió información sobre cómo afecta a las mujeres una interpretación restringida del derecho a la salud, algo que ocurre en casi todos los países de la región.

En ese sentido, “las organizaciones informaron a la CIDH sobre las consecuencias e impacto de leyes restrictivas sobre la interrupción legal del embarazo, incluyendo la práctica de abortos en condiciones inseguras y la morbi-mortalidad materna; problemáticas que afectan de manera especial a las niñas y mujeres jóvenes pobres, de bajo nivel educativo, y que habitan en zonas rurales”.

Luego de escuchar a las ponentes y de leer el informe presentado, la CIDH reiteró que la salud reproductiva de las mujeres debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud nacional y local en las esferas de prevención y protección. Y señaló que los Estados deben analizar a detalle todas las leyes, normas, prácticas, y políticas públicas que en su texto o en la práctica puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su acceso a servicios de salud reproductiva, y prevenir las consecuencias negativas que estas medidas pudieran tener en el ejercicio de sus derechos humanos en general.

“La CIDH, asimismo, recordó a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres”, dijeron también los comisionados.

Las organizaciones participantes coincidimos con la CIDH y urgimos a los países de la región para que revisen su legislación y sus políticas públicas a fin de que eliminen las barreras necesarias para que todas las mujeres, niñas y adolescentes puedan acceder a servicios de salud reproductiva, entre ellos a la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras.

Para leer el documento completo de la CIDH:
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2011/28A-11sp.htm

Prensa: Para mayor información, llamar al 5658 6684/45, extensiones 239 ó 230.

Organizaciones firmantes: 

- Campaña 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe (Regional)

- Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (El Salvador)

- Asociación por los Derechos Civiles (ADC) (Argentina)

- Centro de Derechos de Mujeres (CDM) (Honduras)

- Centro de Documentación y Estudios (CDE) (Paraguay)

- Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Argentina)

- Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) (Perú)

- Colectiva Mujer y Salud (República Dominicana)

- Colectiva por el Derecho a Decidir (Costa Rica)

- Comissão de Cidadania e Reprodução (CCR) (Brasil)

- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Argentina)

- Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) (México)

- Ipas Centroamérica

- La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia)

- MYSU, Mujer y Salud en Uruguay

sábado, 2 de abril de 2011

México, 1 de abril de 2011

BOLETÍN DE PRENSA


 Al conocer el impacto en la penalización de la interrupción del embarazo

CIDH: los estados deben eliminar las
barreras a servicios de salud reproductiva
 “Los Estados están obligados a eliminar todas las barreras de derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan como la sanción penal al acudir a estos servicios”.
Así lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una conferencia de prensa, luego de la audiencia sobre los Derechos Reproductivos de las Mujeres, en la cual recibió información de parte de organizaciones de 12 países de la región acerca de los graves obstáculos que enfrentan las mujeres a través de Latinoamérica y el Caribe en el ejercicio de sus derechos reproductivos.
En la audiencia, de la que participó GIRE activamente, la CIDH recibió información sobre cómo afecta el ejercicio de los derechos reproductivos una interpretación restringida del derecho a la salud, algo que ocurre en casi todos los países de la región.
En ese sentido, “las organizaciones informaron a la CIDH sobre las consecuencias e impacto de leyes restrictivas sobre la interrupción legal del embarazo, incluyendo la práctica de abortos en condiciones inseguras y la morbi-morbilidad materna; problemáticas que afectan de manera especial a las niñas y mujeres jóvenes pobres, de bajo nivel educativo, y que habitan en zonas rurales”.
Luego de escuchar a las ponentes y de leer el informe presentado, la CIDH reiteró que la salud reproductiva de las mujeres debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud nacional y local en las esferas de prevención y protección.
“La CIDH asimismo recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres”, dijeron también los comisionados.

Para leer el documento completo de la CIDH, http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2011/28A-11sp.htm
Prensa: Para mayor información, llamar al 5658 6684/45, extensiones 239 ó 230.

jueves, 31 de marzo de 2011

Las tragedias de la penalización

EL PAIS › ONG DE ARGENTINA DENUNCIARON ANTE LA CIDH LAS CONSECUENCIAS DE LA CRIMINALIZACION DEL ABORTO

En el marco de una audiencia solicitada por ONG de doce países, entre ellos la Argentina, se denunciaron los obstáculos que persisten para acceder al aborto en los casos permitidos por la ley. La CIDH incorporará el tema en su agenda.

Por Mariana Carbajal. PAGINA 12. 29 Marzo 2011

Las consecuencias de la criminalización del aborto sobre la salud y la vida de las mujeres en la Argentina y los obstáculos que persisten para el acceso a una interrupción de embarazo en los casos permitidos por el Código Penal fueron denunciados ayer en una sesión especial convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. La audiencia fue solicitada por ONG de 12 países de América latina y el Caribe, entre ellos Argentina, para dar cuenta de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región. El problema de la penalización del aborto fue uno de los ejes principales. 
La CIDH se comprometió a incorporar el tema en su agenda y a hacer un seguimiento de las políticas en cada país. Como caso testigo de la vulneración de los derechos de las mujeres en Argentina, se presentó el caso de Ana María Acevedo, la joven santafesina, madre de tres niños, que murió luego de que los médicos de un hospital público se negaran a practicarle un aborto terapéutico (ver aparte). “El respaldo de la CIDH a la vigencia irrestricta del derecho a la salud de las mujeres pone de relieve la necesidad de que nuestros legisladores discutan cómo hacer efectivo dicho derecho y así evitar las muertes maternas como consecuencia de abortos inseguros que anualmente afectan a mujeres en la Argentina”, señaló a Página/12 Mariela Belski, de la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), al término de la audiencia.
Es la primera vez que la CIDH concede una audiencia dedicada exclusivamente a analizar la problemática de la criminalización del aborto en la región, destacó Belski. Al finalizar el informe que brindaron las ONG, una de las integrantes del organismo, la salvadoreña María Silvia Guillén, se mostró impactada por el panorama descripto y lamentó la influencia de la Iglesia Católica en los países y lo señaló como uno de los obstáculos en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. También estuvieron la relatora de los Derechos de la Mujer de la CIDH, la venezolana Patricia Mejía, que calificó al problema del aborto como “gravísimo”, y el mexicano José de Jesús Orozco Henriquez, quien expresó que el organismo acompañará el reclamo de las ONG y hará propias las recomendaciones que elevaron las entidades (ver aparte).

La sesión fue presidida por la titular de la CIDH, la estadounidense Vinah Schelton. En Latinoamérica y el Caribe ocurren anualmente entre 3,9 y 4,2 millones de abortos inseguros. En Argentina, unos 500 mil cada año.

El tema llegó a la CIDH en momentos en que en la Argentina la Corte Suprema tiene la oportunidad histórica de pronunciarse sobre los alcances de los abortos legales y así poner punto final a las interpretaciones restrictivas que frecuentan los tribunales y hospitales y dar a la vez seguridad jurídica a los profesionales de la salud. El expediente llegó al máximo tribunal luego de que el asesor general subrogante de Chubut, Alfredo Mario Pértez Galimberti, apeló el fallo del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, que autorizó el 8 de marzo de 2010 un aborto a una adolescente de 15 años, sin discapacidad mental, que había quedado embarazada producto de los abusos sexuales perpetrados por su padrastro. Esa fue la primera sentencia de un alto tribunal provincial que confirmó que cualquier mujer que enfrenta un embarazo producto de una violación tiene derecho a interrumpirlo. En el Congreso, por otra parte, está pendiente el debate por la despenalización del aborto, que comenzó el 30 de noviembre, el último día de sesiones ordinarias del año pasado, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.

La audiencia especial de la CIDH tuvo lugar ayer por la tarde en Washington, en el marco del 141º período de sesiones del órgano. Entre las ONG argentinas que la solicitaron están la ADC, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En la sesión habló Belski, de la ADC, en representación de las tres ONG argentinas. “La celebración de esta audiencia tiene implicancias directas para la Argentina, ya que no sólo denota la importancia que este tema tiene para el principal organismo de protección de los derechos humanos en la región, sino que también se refiere a una grave problemática que afecta nuestro país. El hecho de que la CIDH haya otorgado una audiencia para este tema es una clara señal sobre su relevancia, por lo que merece atención prioritaria por parte de todos los poderes del Estado”, indicó Belski a Página/12.

Durante la audiencia se presentó un diagnóstico sobre los obstáculos comunes que afectan el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos de las mujeres en la región, especialmente en relación con el acceso al aborto, tales como la interpretación restringida del derecho a la salud, que no contempla el riesgo psíquico en las mujeres que solicitan un aborto terapéutico.

“Al tiempo que las mujeres, jóvenes y adolescentes están siendo obligadas a llevar a término embarazos en condiciones precarias y en circunstancias que vulneran sus derechos humanos, los Estados adolecen de políticas públicas adecuadas que permitan prevenir embarazos no deseados, complicaciones del embarazo y abortos inconclusos”, expresaron las ONG.

Las entidades expusieron sobre las consecuencias que tiene la penalización de la interrupción del embarazo en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres latinoamericanas, entre los que enumeraron el derecho a la vida, a la integridad personal, al más alto nivel de salud reproductiva, a la intimidad, a la dignidad, a la libertad personal y el derecho a vivir libres de violencia y discriminación. Y llamaron la atención sobre el incremento del embarazo en adolescentes, los retrocesos legislativos graves como la penalización absoluta del aborto, incluyendo el aborto terapéutico, en algunos países, o las reformas que dan personería jurídica al no nacido por encima de los derechos de las mujeres, como las que se han registrado en diversos estados mexicanos.

También hicieron hincapié en la ausencia de educación sexual integral, los obstáculos que deben enfrentar algunas mujeres para acceder a métodos contraceptivos como la anticoncepción de emergencia y la deficiente calidad de atención que quienes recurren a servicios públicos de salud por complicaciones del aborto.

La situación legal del aborto en la región es variable: las ONG advirtieron que existen cinco países que tienen totalmente penalizada esa práctica, incluso cuando corre riesgo la vida de la mujer embarazada (Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras). Precisaron que los sistemas jurídicos latinoamericanos poseen códigos penales de los años 1920 a 1950 que establecen modelos de excepciones con diferentes grados de no punibilidad. Sólo Cuba, Puerto Rico y la Ciudad de México tienen legislaciones que no penalizan la interrupción del embarazo temprano. En los demás países de Latinoamérica y el Caribe se permite el aborto en ciertas circunstancias: cuando corre peligro la vida y/o la salud de la mujer, en casos de violación, por malformaciones congénitas graves, por inseminación artificial no consentida y, en muy pocos países, por razones socioeconómicas. Las dos primeras excepciones están contempladas en el Código Penal argentino. Sin embargo, advirtieron las ONG, en muchas ocasiones se presentan serios obstáculos para que las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo en esas circunstancias.

Las ONG denunciaron que entre los obstáculos que se repiten aquí y en otros países figura la falta de implementación de protocolos de atención para la interrupción legal del embarazo. Al no existir estándares de atención “los médicos padecen confusión y desconcierto cuando deben asistir a mujeres u adolescentes que solicitan abortar en los casos permitidos por ley”, denunciaron. También señalan que “una de las principales y más graves” consecuencias de la penalización del aborto es la morbi-mortalidad materna, a pesar de que es una de las causas más fáciles de tratar y totalmente prevenibles.

Otra consecuencia de la penalización, denunciaron, es que “se propicia un mercado clandestino” o ilegal de servicios de interrupción del embarazo, que en muchas ocasiones se convierte en una práctica discriminatoria y de injusticia social, pues las mujeres que pertenecen a las clases más desprotegidas son las que recurren a la interrupción del embarazo de más alto riesgo, mientras que las mujeres que cuentan con recursos económicos pueden acceder a él en condiciones sanitarias de calidad”.

lunes, 28 de marzo de 2011

Llega a la CIDH tema de acceso a la interrupción legal del embarazo

-- En audiencia OSC denunciarán criminalización de aborto

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 25 mar 11 (CIMAC).- Por primera vez,
organizaciones civiles de 11 países de América
Latina hablarán en una audiencia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre
el acceso a la interrupción legal del embarazo en
la región, así como de la criminalización y
encarcelamiento de las mujeres que viven un aborto.

En entrevista con Cimacnoticias, Vanessa Coria,
abogada del Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE), informó que la audiencia se
realizará en el marco del 141 periodo de sesiones
de la CIDH en Washington el 28 de marzo.

En su opinión, esta reunión tiene relevancia
histórica pues “si bien en la Comisión se ha
hablado de derechos reproductivos, las audiencias
no han estado enfocadas en el tema de acceso a la
interrupción legal del embarazo”.

La abogada enfatizó “queremos hacerle saber a la
Comisión la importancia que tiene el tema para la
región y para la vida de las mujeres en las
Américas y cómo este organismo internacional
tiene que responder frente a estos retos que se
le presentan como una realidad de varios países.

Dijo que los casos de mujeres criminalizadas no
solo suceden en México, hay casos documentados en
El Salvador con características sumamente
similares, también en Brasil y en Honduras donde
el aborto está totalmente penalizado.

Al señalar estas similitudes y patrones en la
región podemos decirle a la Comisión que el tema
es relevante y que debe de poner ojo en los
Estados para que generen políticas públicas
adecuadas para las mujeres, sostuvo Coria.

Respecto a México informó, se presentarán los
casos de mujeres que han vivido abortos
espontáneos, que han sido criminalizadas y se
encuentran encarceladas en varios estados de la
república acusadas por “homicidio en razón de parentesco”.

Si bien la audiencia no es específica para estos
casos, al tratarse de la salud reproductiva se
tendrá que mencionar, ya que ésta es una de las
consecuencias de la penalización que existe del
aborto en el país, enfatizó Coria.

En comunicado de prensa, GIRE detalló que en la
audiencia también se informará sobre la violación
del secreto profesional de los médicos para que
denuncien a las mujeres que abortan, aún cuando
los abortos son espontáneos, lo cual deriva en un
alto incremento de la criminalización de las
mujeres por hechos relacionados con su salud reproductiva.

En algunos países - como México- esto significa
la pérdida del derecho constitucional de
presunción de inocencia para las mujeres,
trasladándolas del hospital a la cárcel, afirmó la organización.

Vanessa Coria agregó que se mostrará cómo en los
estados de la República mexicana que tienen
restricciones para el acceso a la interrupción
del embarazo, las mujeres están viviendo las
mismas consecuencias en su salud reproductiva que
las de otros países de la región con restricciones similares.

Se hablará de los retrocesos legislativos en la
materia, como la penalización absoluta del aborto
(incluyendo el aborto terapéutico), o las
reformas en 17 entidades federativas, que dan
personalidad jurídica al no nacido por encima de los derechos de las mujeres.

“Lo que le estamos solicitando es que hagan un
pronunciamiento al respecto, que los Estados
adopten las medidas internas que permitan el
derecho a la salud reproductiva de las mujeres”, enfatizó Vanessa Coria.

Las organizaciones que solicitaron la audiencia a
la CIDH son: la Agrupación ciudadana por la
despenalización del aborto terapéutico, ético y
eugenésico de El Salvador; la Asociación por los
Derechos Civiles de Argentina; el Centro de
Derechos de Mujeres de Honduras; el Centro de
Documentación y Estudios de Paraguay; el Centro
de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Perú.

Por República Dominicana, La Colectiva Mujer y
Salud, de Costa Rica la Colectiva por el Derecho
a Decidir; la Comissão de Cidadania e Reprodução
de Brasil; el Grupo de Información en
Reproducción Elegida, de México; la Mesa por la
Vida y la Salud de las Mujeres de Colombia; Mujer
y Salud de Uruguay; Ipas Centroamérica; así como
la Campaña 28 de Septiembre como red regional.

Seis representantes de este grupo expondrán a
los integrantes de la CIDH sobre los contenidos
de ese informe, al tiempo que abordarán los
retrocesos que ha vivido la región en este tema.

11/GTR/LGL