SEGUIMIENTO A LA ALERTA POR VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Mexicali, Baja California, México a 15 de marzo de 2011
Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos
Mtra. Meritxell Calderón Vargas
La jueza Raquel Burgoin Lozano titular del juzagdo 4to de lo penal en Mexcialo emitió una sentencia de 23 años en contra de la joven bajacaliforniana por el supuesto delito de homicidio agravado en razón de parentesco, a pesar de ser especialista en Derecho y contar con conocimientos sobre jurisprudencia internacional, negó a la joven el derecho a la vida, el derecho a la integridad física mental y moral, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la dignidad y a la protección de su familia y el derecho a la garantía y respeto de sus derechos, entre otros derechos fundamentales violentados.
El Estado de Baja California cuenta con una especial mención internacional desde el Caso Paulina por ser un Estado que viola los derechos de las mujeres, gracias a que en 2002 un grupo de organizaciones de mujeres impulsadas y convocadas por la organización feminista Alaide Foppa presentaron un 8 de marzo de hace 9 años, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual en marzo de 2006, a través de un Acuerdo Amistoso se buscó reparar el daño moral y material cometido en contra de la adolescente.
La joven que está a dos meses de cumplir tres años en prisión injustamente apeló la sentencia de 23 años de prisión el pasado 14 de enero de éste año y su caso está ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. En recientes fechas se dio la audiencia de vista por parte del Tribunal y esperamos la pronta resolución de la apelación.
Con base en el artículo 4to constitucional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la jurisprudencia internacional como el Caso de Alyne da Silva Pimentel llevado ante el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Caso Planned Parenthood vs. el Estado de Alaska, la joven bajacaliforniana a todas luces ha sido víctima de violencia institucional y discriminación por el Poder Judicial del Estado.
En México, la mitad de las constituciones estatales violan el derecho a la igualdad y a la no discriminación al otorgarle un supra valor al derecho a la vida del “producto de la concepción” como lo maneja nuestra propia constitución estatal, paradójicamente, en el mismo artículo que establece las garantías individuales. La joven injustamente sentenciada no es la primera mujer que es penalizada por sufrir un accidente y 14 mujeres esperan sentencia por el mismo delito en el Estado.
Por lo anterior aseguramos que hay más mujeres presas por vivir un aborto, es por ello que esperamos que el Tribunal Superior del Estado resuelva conforme a derecho y tomando en cuenta los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres liberando a la joven, reparándole el daño moral y material causado a ella y a su familia y emitiendo una disculpa pública por privarla de la libertad injustamente.
1 comentario:
Compañeras, hoy me llegó la petición para firmar y pedir la libertad para Lesly. Espero que no les importe que reproduzca el texto en uno de mis blogs para recabar firmas desde España. Por supuesto citaré la fuente e incluiré un enlace. Mucha fuerza para seguir luchando. Un abrazo solidario,
Silvia Cuevas-Morales
http://www.basta-ya-de-violencia-patriarcal.blogspot.com
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